Uno de los elementos sustanciales de nuestra democracia que ha sido afectada gravemente por la corrupción es la institucionalidad de los poderes del Estado en los diferentes niveles. No hay nivel de gobierno, ni lugar del país, ni estrato social, ni funcionariado al que no haya llegado la práctica nociva de apropiarse ilícitamente de lo que es la plata de todos mediante coimas, porcentajes, sobrevaloración de obras, adquisiciones amañadas de bienes y servicios, planillas fantasmas, con las excepciones que pudieran haber y que en todo caso confirman la regla.

Lo dije en un artículo anterior. La descentralización, en la forma como ha sido diseñada e implementada ha creado espacios de poder subterritoriales en los que se instalan auténticas dictaduras que actúan con total impunidad porque tienen recursos financieros y logísticos en abundancia que son eficazmente empleados para aplastar a sus adversarios; no hay revisión de cuentas efectiva por parte de la Contraloría cuyas acciones se resumen a enviar documentos o a realizar campañas inocuas que sirven para la foto, pero que en términos de resultados son veinte ceros a la izquierda; nadie verifica si la rendición de cuentas que hace un presidente regional o un alcalde provincial o distrital corresponde a la verdad; los congresistas que elige el pueblo tienen arrugas éticas o compromisos de comparsa que les quitan autoridad moral para fiscalizar, o tienen negocios caletas con el poder regional y municipal, o son parte de todo el tinglado que arman los jeques regionales y locales para blindarse. 

El gobierno nacional, en la gestión humalista, nunca supervisa de manera firme y activa las obras que financia con recursos ordinarios por medio de los Ministerios de Vivienda, Transportes, Energía y Minas, etc.; ni la evolución del gasto que se incrementa hasta la estratósfera con un montón de adendas y ampliaciones, ni menos la calidad de la obra del que depende los resultados concretos que se esperan y que se deben reflejar favorablemente en los indicadores respectivos. El Presidente Humala podrá venir decenas de veces a Loreto, pero no se siente la presencia del gobierno en las inversiones efectuadas, ni en el control de la plata que generosamente desembolsa el Ministerio de Economía y Finanzas y los demás Ministerios al gobierno regional y a las municipalidades distritales y provinciales, ni en la rectoría y liderazgo de las políticas de desarrollo.

Lo que tenemos en Loreto es lo que el periodista Juan Paredes Castro, editor político de un importante diario nacional sostiene: “una epidermis delincuencial y debajo de ella un daño institucional gravísimo”. No es grato decirlo, pero las denuncias públicas, los casos que son de conocimiento público, constituyen apenas la piel que cubre algo más insondable, doloroso y mortífero para la cultura democrática que es la destrucción de la institucionalidad. En la misma medida que la descentralización ha ido ahondándose, se han ido creando mantos legales y costumbres protectoras de feudos y cacicazgos electorales difíciles de combatir pues actúan con la alevosía monetaria que les facilita una nueva faceta de los negocios en el Perú que es el negocio electoral, un negocio redondo cuya pulsvalía se dispara a la enésima potencia debido a que los inversionistas electorales ya no buscan solamente la rentabilidad razonable de toda inversión, sino una vaca lechera que multiplique sus ganancias por diez.

Por eso, la percepción ciudadana es que la descentralización, lejos de ser la solución a la inequidad entre Lima y el resto del país, entre las regiones, y dentro de las regiones, ha sido más bien un potenciador, esparcidor y afincador de esas taras sociales que pensábamos iban a desaparecer de la faz de la tierra con procesos democráticos, económicos y culturales encaminados por quienes habitan cada espacio subterritorial. Lo que tenemos hoy en estos espacios son auténticos señoríos; una cultura democrática sensiblemente venida a menos porque hay un electorado que abrumadoramente confunde regalo con lucha contra la pobreza, jarana de dispendio con bondad política, publicidad artificiosa y superficial con propuesta de gobierno; y encima, un raudal de improvisados en busca de la apetecida torta presupuestal; gente sin formación política, sin cultura, sin valores, sin preparación técnica, sedientos de poder, ansiosos por la repartija.

Los demócratas tenemos que seguir peleando contra esta subcultura hija de una descentralización sin control, sin orden, amorfa y sin contenido de la que todos somos autores, hay que proponer reformas. Una de esas posibles reformas es la no reelección de presidentes regionales y de alcaldes; más o menos como la no reelección de autoridades universitarias. Da pena ver como las Universidades que deberían ser el centro del debate de ideas, de las trincheras doctrinarias, de las propuestas científicas, del saber como antorcha del desarrollo, se haya convertido en un cementerio de ideas, en un espacio en el que prácticamente no existe la identidad partidaria, pues ésta ha sido suplida por el compromiso facturado con algún candidato a rectoría o decanatura. No niego que esa gusanería corrupta exista aún pese a la prohibición de reelecciones, pero habrá que ir avanzando en otros aspectos como la elección por voto secreto, directo y universal de las autoridades universitarias.

Algo tenemos que hacer, por que de verdad es decepcionante el escenario electoral que enfrentamos. Debo confesar que siento una profunda vergüenza extrínseca, una infinita vergüenza ajena, de ver, por ejemplo, cómo la lucha electoral aquí en Loreto se está reduciendo a dos bandos organizados, dos mafias bien definidas -una de ellas un poco más grande que la otra- cada una utilizando recursos que deberían ser orientados a actividades de educación y salud que mejoren las condiciones de salubridad o los indicadores de comprensión lectora y de razonamiento matemático en las que nuestra región se encuentra de colero absoluto, y no a farras retocadas de homenajes ni a campañas sibaritas que tanto daño hacen a la tarea de construir emprendimientos.

“Hay, hermanos, mucho que hacer”, decía César Vallejo.