Luego de una tensa reunión realizada en Iquitos, la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar al presidente regional de Loreto, Yván Vásquez Valera, para que responda por presuntos actos de corrupción, entre ellos la supuesta pérdida de más de S/. 350 millones en la red de agua y alcantarillado de esa región y por el uso de US$ 84 millones en los estudios técnicos para la construcción de una línea de ferrocarril que uniría esta ciudad con el distrito de Yurimaguas.

Estas decisiones fueron adoptadas al término de una audiencia llevada a cabo en esa ciudad por la citada comisión parlamentaria conjuntamente con la Contraloría General de la República y la Fiscalía de la Nación. La reunión se realizó en el marco de la indignación ciudadana por clamorosas irregularidades. La expectativa hizo que varios ciudadanos pernocten en las afueras de la puerta del local donde se desarrolló la audiencia. En la cita intervinieron decenas de personas, la mayoría de las cuales responsabilizaron de los actos irregulares al presidente de la región, un funcionario denunciado en varios casos que, sin embargo, no tienen mayores progresos en la justicia.

La inquietud por la transparencia pública en Loreto no es nueva. Esta es la segunda audiencia que se efectúa en Iquitos; el 11 de abril pasado hubo una reunión similar presidida por el entonces Fiscal de la Nación y en mayo del año pasado se realizó un contundente paro regional contra la corrupción y en defensa de la libertad de expresión. Uno de los detonantes de este paro fue la complicidad de los jueces en los casos del alcantarillado y de los famosos “créditos agrarios”.

el amazónico, documentó en abril del año pasado a través de varias entregas el escándalo de los mencionados créditos. Los préstamos provinieron del Programa de Créditos Agrarios (Procrea). El programa, originado en una ley que autoriza destinar el 12% del canon petrolero de la región a créditos promocionales a favor de la agricultura, fue administrado por la región que creó empresas intermediarias. Entre el 2007 y el 2011, colocaron préstamos por S/. 76 millones, de los que se habría logrado recuperar S/. 8 millones. En el extremo, los agricultores recibieron menos dinero de lo que oficialmente les prestaron, entregaron sus tierras en prenda, no pudieron pagar la deuda y ahora están arruinados.

La opinión pública de Loreto ha empezado a trascender desde su valoración positiva o negativa de una gestión de gobierno hacia la percepción sobre la instalación en esa región de un sistema corrupto parecido a los de Áncash y Tumbes, investigados actualmente. Un fenómeno similar a los ya señalados es la conducta del poder con la prensa: en Loreto también se habría producido la compra de periodistas y espacios noticiosos en la radio y la TV para silenciar críticas y, al mismo tiempo, se han desarrollado prácticas de hostigamiento contra periodistas independientes.

Es preciso que se adopten decisiones. Si el Poder Judicial ha tomado en serio el caso, tiene la obligación de trasladar los procesos de corrupción regional a la Sala Penal Nacional en tanto que el Congreso, la Fiscalía y la Procuraduría deberían solicitar medidas preventivas que aseguren pruebas e impidan que los implicados evadan la acción de la justicia.