En una fabulosa carrera contra el tiempo, dos grandes edificios, cuya construcción aún no ha comenzado, tendrán que estar listos antes de octubre del próximo año, cuando vendrán a Lima miles de funcionarios a participar en la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esos edificios, interconectados, son un centro de convenciones sumamente sofisticado con capacidad de albergar a 10 mil participantes, y el Banco de la Nación, que tendrá 135 metros de altura –el más alto del Perú– y un helipuerto arriba.
Para llegar a tiempo y considerando la complejidad de los proyectos, el Gobierno encargó los procesos de licitación y ejecución a la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que trabajan con sus propios procedimientos, al margen de la legislación nacional. El presidente Humala justificó la utilización de estos organismos internacionales, pese a haberlos denunciado años atrás con el siguiente argumento: “Hoy día los mecanismos que tiene el Estado son muy burocráticos, hay una serie de pasos que, probablemente, muchas obras se demorarían mucho en hacerse si no se utilizan estos métodos”. Y resulta que durante este gobierno el monto que se ejecuta mediante estos organismos se ha triplicado.
La reacción inmediata ante tamaña confesión es, por supuesto: ¿qué espera el Gobierno para desburocratizar el Estado a fin de no tener que recurrir a dichos organismos? ¿O es imposible? ¿Qué falla en el Estado Peruano? ¿Qué es lo que se quiere evadir usando esta vía paralela?
Es simple: lo que se quiere evitar es el efecto paralizante de la contraloría. Como se trata de tomar decisiones respecto de asignación de dineros públicos incluso ante imponderables o situaciones no previstas, los funcionarios del Estado sencillamente no las toman, ante el riesgo de que sean objetadas irracionalmente por auditores que no entienden el tema y con consecuencias eventualmente penales. Las historias son miles, a cual más absurda que la otra. El gerente del tren eléctrico, por ejemplo, afronta un proceso por haber autorizado una ampliación de presupuesto ante la necesidad de reforzar las columnas para la eventualidad de un sismo de 9 grados.
Los organismos internacionales, en cambio, no están sujetos a la fiscalización de la contraloría, pero sí le informan y tienen veedurías internas inteligentes y efectivas. Quienes deciden no tienen miedo.
Una segunda razón se refiere a las normas de la Ley de Contrataciones, que, por un lado, permiten que las impugnaciones puedan dilatar mucho los procesos y, por otro, impiden evaluar los mal llamados “aspectos subjetivos” tales como mejoras en los términos de referencia, innovaciones tecnológicas, calidad arquitectónica, etc. Es decir, todo aquello que agrega valor a una propuesta. Las normas solo permiten evaluar la experiencia de la empresa y de los profesionales propuestos. Así es imposible licitar una obra compleja.
- Contrataciones y adquisiciones (suculentas)
Las millonarias contrataciones que el Estado realiza vía organismos internacionales muestran algo más que una frescura.
Si es verdad que la vida está llena de ironías, nunca lo es tanto como cuando hablamos de esa porción de la vida que es protagonizada por los políticos. No en vano ellos deben construir sus carreras seduciendo mayorías y, por lo tanto, teniendo constantemente frente a sí la tentación de las declaraciones tajantes, de esas que suelen servir para proyectar una imagen decidida y poderosa del candidato, pero que luego, por su propia contundencia, se revelan muy difíciles de ser cumplidas por el gobernante.
Un claro ejemplo de esto último nos lo ha dado ahora el presidente Humala. Confrontado por el dato de que bajo su gobierno se ha triplicado el número de contrataciones que el Estado realiza con entidades internacionales –y, por lo tanto, fuera de los controles del sistema general de contrataciones del Estado–, ha respondido que esta es la única forma de “avanzar con las obras” porque “los mecanismos que tiene el Estado son muy burocráticos”. Lejos han quedado pues los días en que el candidato Humala prometía fiscalizar estos contratos, ante los fuertes indicios de corrupción que comenzaron a salir a la luz en varios de ellos, y aún incluso expulsar del país a las instituciones internacionales que resultaran culpables.
La mayor ironía, sin embargo, está en que tanto el candidato Humala como el presidente Humala han tenido razón en lo que han dicho sobre el punto: es cierto que estos contratos, donde se dispone de cientos de millones de soles de los recursos públicos sin control alguno, son una oportunidad ideal para la corrupción. Y es también verdad que los trámites que contemplan las normas de contrataciones del Estado constituyen una maraña inmovilizante, con la que resulta muy difícil avanzar en la realidad.
De hecho, los requisitos de esta maraña son tan insensatos que han generado el surgimiento dentro del propio Estado del mismo fenómeno que este ha creado, con otra maraña semejante, en nuestra economía: la informalidad. ¿O es que esta manera tan ingeniosa que han encontrado nuestros funcionarios para contratar al margen de lo que disponen sus reglas de contrataciones, por encontrar a estas últimas incumplibles, no es la versión estatal de la informalidad empresarial? Sin duda lo es, con la diferencia, claro, de que el Estado ha creado para sí mismo una excepción normativa a fin de dar forma legal a su informalidad.
Así es como tenemos que solo en los últimos tres años el Estado ha contratado S/.3.000 millones por medio de estos organismos internacionales, sin que la contraloría pueda meter sus narices en ellos, entre otras cosas, porque el carácter altruista de las aludidas entidades permite que las comisiones que cobran por su participación en estos contratos puedan registrarse como “donaciones”. Lo que hace que a nadie deba extrañar que en el Perú la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) compre gorras, pasajes aéreos y uniformes para el Ministerio de Educación, o que la Organización Internacional para las Migraciones haya sido la encargada de realizar el año pasado la licitación de la nueva sede del Banco de la Nación (por S/.412 millones) y la de un vecino Centro de Convenciones (por S/.520 millones).
Lo que es más, estas organizaciones suelen gozar también de inmunidad diplomática, la misma que pueden alegar, por ejemplo, en caso el Ministerio Público esté investigando alguna adquisición para la que el Estado las haya subcontratado. Así sucedió cuando se investigaba una adquisición de 79 ambulancias aparentemente sobrevaluadas que el hoy famoso presidente regional de Áncash realizó por medio de una de estas instituciones; y así se frustró la entrega por parte de la antes mencionada OEI de la información que poseía sobre ciertas proyectadas licitaciones de hospitales que quedaron registradas en los inolvidables ‘petroaudios’ del gobierno anterior y que iban a ser realizadas por medio de esta organización.
Desde luego, nada de esto quiere implicar que la respuesta que el presidente ha dado al problema haya sido satisfactoria. En lugar de decir “como las normas regulares son inviables, las modificaremos para que sean viables y así el Estado pueda contratar dentro de un sistema con controles”; ha dicho “como las normas regulares son inviables, el Estado va a seguir contratando al margen de estas y sin ningún control”.
Lo que sí ha sido la respuesta del presidente es sintomática. Ha reflejado la mentalidad de nuestro Estado. Una mentalidad para la cual la ley es una forma de hipocresía: lo que importa es lo que ella dice, no si esto se cumple. Y así, de la misma manera en que no se puede flexibilizar, digamos, nuestro régimen laboral porque ello supondría “quitarle derechos a los trabajadores” (aunque según la OIT el 68% de ellos esté contratado informalmente); no se puede simplificar el régimen ordinario de contrataciones del Estado porque ello supondría facilitar las cosas a la corrupción. Mucho mejor que este régimen siga ahí, exhibiendo orgullosamente todas sus fiscalizaciones y garantías, mientras el Estado continúa contratando, tranquilamente, al margen de él.
- El día que Humala llamó "zamarro" a Castañeda por usar a OIM
Cambió de opinión. El presidente Ollanta Humala justificó el lunes último que su Gobierno use a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y a otros organismos internacionales para realizar obras públicas, pues así se evitan barreras burocráticas. Esto, pese a las dificultades para fiscalizarlos.
“(…) Hay una serie de pasos que, probablemente, muchas obras demorarían mucho en hacerse si no se aplicaran estos métodos. Es importante que estas oficinas internacionales tengan la fiscalización y la transparencia”, manifestó.
Lo dijo al poner la primera piedra para la construcción del Centro de Convenciones de Lima, una obra que se realizará por medios de entidades internacionales.
El contralor dijo sobre OIM: "No hay información en ninguna parte"
"ES UN ZAMARRO"
Hay que recordar que el jefe de Estado no pensaba igual sobre la OIM cuando era candidato a la presidencia en el 2011. Entonces criticó duramente al ex alcalde de Lima Luis Castañeda, su contendor en ese momento, por haber recurrido a dicho ente para ejecutar obras municipales.
“Hoy vemos cómo el señor Castañeda nos demuestra que es un zamarro que también desde el municipio de Lima ha venido haciendo estas chanchulladas. Ahora entiendo de dónde saca la plata para mentir al Perú y poner sus carteles (…) Me parece que es una vergüenza (...) a nosotros no nos vienen con organismos internacionales (...) dice que es por un tema de rapidez, pero será rapidez en la ‘cutra’, rapidez en cómo sacar su 10%”, dijo Humala ese año.
Incluso, prometió que si salía elegido, desde el 28 de julio de ese año expulsaría a aquella entidad que se preste a algún acto de corrupción.
DATOS
El monto de los contratos que ha suscrito el Gobierno con entes internacionales asciende a tres mil millones de soles.
Además, el Estado peruano le ha pagado 85 millones de soles a estos organismos internacionales por el concepto de 'comisiones'.
- Humala justificó uso de entes internacionales para obras
Humala Tasso rechazó las versiones referidas a una supuesta sobrevaloración y falta de control en las obras de su gestión y aseguró que todas ellas se ejecutan de manera ágil y mediante los concursos respectivos.
“Rechazamos el tema de sobrevaloración (…) Hay una serie de pasos que, probablemente, muchas obras demorarían mucho en hacerse si no se aplicaran estos métodos. Es importante que estas oficinas internacionales tengan la fiscalización y la transparencia”, manifestó.
LO QUE PROMETIÓ
En la campaña electoral del 2011, el entonces candidato presidencial del Partido Nacionalista, prometió fiscalizar -a partir del 28 de julio de ese año- a estos organismos internacionales y advirtió que expulsaría a aquella entidad que se preste a algún acto de corrupción.
Pero,..... entre el 2011 al 2014 el monto de los contratos que ha suscrito su Gobierno con estos entes internacionales asciende a tres mil millones de soles. ¿?. asómbrese, pregúntese y responda querido lector.
En resumen, es conveniente seguir acudiendo a los organismos internacionales para licitar y ejecutar obras mientras no tengamos una reforma profunda de la contraloría, de las normas de control y de la Ley de Contrataciones.
